Nuevos actores, nuevas banderas

Las tensiones entre mercado y Estado -empresarios e interés colectivo- subieron de intensidad en este período.

Entre la vuelta de vacaciones y la instalación de la mesa de diálogo con los estudiantes, la atención del gobierno estuvo fundamentalmente centrada en cómo enfrentar la multiclasista e intergeneracional movilización encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), la que cuestionó las bases de la organización económica y política del país. Asediado por una insatisfactoria gestión, el aumento del disenso en la Alianza y el derrumbe de su aprobación pública, el Ejecutivo se vio obligado a incrementar la presencia de históricos líderes UDI en su gabinete. Sin un diseño público claro, continuó su política de protección de los consumidores y privatizaciones, y propuso reformas políticas parciales escabullendo el cambio efectivo del binominal. En su entorno se reiteraron los conflictos de interés, la mala conducta empresarial y los proyectos amenazadores del medio ambiente. La relación del gobierno con la oposición parlamentaria fue errática y la Concertación vivió sus peores momentos internos y frente a la ciudadanía.

En este contexto político la evolución positiva de los indicadores económicos resultó más transitoria de lo que se esperaba. En julio y agosto el crecimiento se desplomó desde 7% a 4% anual, y el mercado laboral continuó siendo estrecho y las remuneraciones se estancaron, echando un balde de agua fría al optimismo futuro. La reconstrucción fue lenta y la ejecución presupuestaria débil, de modo que la incertidumbre no sólo se incrementó por la crisis financiera global, sino también por los riesgos que afectan a pequeños accionistas y trabajadores en sus fondos de pensiones.

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