Punto de quiebre La nueva Constitución y la ciudadanía

El inicio del proceso constitucional ha abierto un amplio espacio deliberativo, en el que se está debatiendo desde la necesidad de una nueva carta fundamental, la naturaleza de los cambios que se introducirían a la actual o una nueva Constitución, hasta los mecanismos más idóneos para materializarla. Este debate ha puesto en acción diversas estrategias para enfrentarlo, sea la negativa a participar, sumarse a este, o liderarlo activando los encuentros locales y cabildos regionales y provinciales. Con todo, el masivo apoyo ciudadano a este proceso muestra que, a pesar de lo críptica que pueda aparecer esta temática al público en general, ella ha despertado las energías ciudadanas. Los miles de encuentros locales autoconvocados (ELA) es una clara expresión de ello.

Coincidente con este ánimo nacional el volumen que ahora presentamos muestra a través de sus diferentes capítulos la urgente necesidad de dejar atrás el actual marco constitucional para permitir el avance de los derechos ciudadanos y profundizar nuestra alicaída democracia.

En esta perspectiva, se puede entender que una estrategia de desarrollo nacional, que permita vencer el estancamiento de la economía, requiere de un nuevo rol del Estado que supere su mero rol subsidiario, el que, a pesar de sus postulados neoliberales, sigue siendo capturado por el sector privado. Este enfoque del siglo XX no es eficiente para enfrentar las tareas del siglo XXI, tal como últimamente lo han reconocido expertos del Fondo Monetario Internacional . En el espacio económico-constitucional se pone en cuestión la autonomía formal del Banco Central ya que, si bien su institucionalidad así lo indica, la politización de sus integrantes lo contradice. En el sector educacional también se observan tensiones que emergen cuando se trata de transitar desde un modelo de entrega privada de oportunidades escolares hacia una organización de la educación como derecho social garantizado por el Estado. De igual forma, el fracaso de la reforma laboral tiene en el marco constitucional actual su principal causa; tanto es así que una de las vías de solución al problema sería una reforma constitucional que lo permita.

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