El primer año de su segundo gobierno, el presidente Sebastián Piñera dobló la frustrada apuesta realizada en su primera administración: incrementó las expectativas de su promesa de un mejor gobierno realizada en 2010, proponiendo una segunda transición hacia el desarrollo integral del país para el período 2018-2022.
Parte importante de esta segunda transición implica avanzar en la confguración de una nueva economía que, a través de una alianza público-privada, cree empleos, mejore las remuneraciones, provea una mejor salud y educación, reservándole al Estado la tarea de enfrentar los temas de delincuencia, narcotráfico, terrorismo, y le dé un nuevo trato a los niños y adultos mayores.
El costo fiscal total del programa ascendería “a US$14 mil millones para la totalidad del periodo presidencial”, suma de la que el Gobierno no dispone, dada la situación de la economía y finanzas nacionales. Por su parte, las remuneraciones crecen menos que la inflación y la cesantía sigue en alza, generando incertidumbres en el mercado laboral. La propuesta de reforma tributaria que se enviará al Congreso difcultará la reducción del déficit fiscal, gran objetivo del Gobierno.
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