Bachelet II. El difícil camino hacia un Estado democrático social de derechos

El segundo gobierno de Michelle Bachelet se propuso asentar las bases de un Estado democrático social de derechos y será reconocido por haber constituido la Administración que introdujo las mayores y más profundas reformas en nuestro sistema político, económico y social.

Los temas que se incluyen en esta selectiva evaluación de su gestión dan cuenta de aquellos cambios que más han impactado la estructura del poder en el país. Al mismo tiempo, permiten apreciar que los impactos de tales reformas han estado proporcionalmente relacionados con la presencia o ausencia de una acción colectiva en apoyo a ellas. En algunas ocasiones esta movilización fue estimulada por el empuje del Ejecutivo, que pudo incorporar a amplios segmentos sociales tras sus objetivos. En otras oportunidades, las iniciativas de ley del Ejecutivo han sido el producto de acciones autónomas de grupos significativamente involucrados en determinadas temáticas.

Solo para mencionar algunos ejemplos del primer tipo, se puede señalar la amplia movilización en la etapa ciudadana del proceso constituyente o el involucramiento y visibilidad de las organizaciones de mujeres durante la discusión de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. En el segundo caso tenemos las movilizaciones ciudadanas que cuestionaron el sistema de AFP, las demandas por derogar el uso privado del agua, las movilizaciones pro derechos indígenas, la reforma de la educación superior o la constante acción de las organizaciones de derechos humanos para mantener viva la política de verdad y justicia.

En todos estos casos el Gobierno se vio masiva y públicamente apoyado en sus propuestas, lo que generó nuevos recursos de poder y llevó a cuestionar de hecho el tratamiento que la prensa había dado a esas temáticas.

Por el contrario, en aquellas iniciativas en que no se activaron los respectivos apoyos sociales, generando cambios en la opinión pública, se redujo su alcance transformador. Tales fueron los casos de la reforma laboral o la desmunicipalización de la educación escolar, que fue recortada severamente por el Senado.

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